Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Informe de Derechos Humanos 2011: Costa Rica
 
Costa Rica
Informe de Derechos Humanos 2011: Costa Rica (U.S. State Department)

Informe de Derechos Humanos 2011: Costa Rica

Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos del 2011

COSTA RICA

RESUMEN EJECUTIVO

Costa Rica es una república constitucional gobernada por un Presidente y una Asamblea Legislativa unicameral, que son elegidos en forma directa en elecciones multipartidarias que se celebran cada cuatro años.  En el 2010 los votantes eligieron a Laura Chinchilla Miranda del Partido Liberación Nacional (PLN) como la primera mujer presidenta del país en una elección considerada, en general, libre e imparcial.  Las fuerzas de seguridad estuvieron a las órdenes de las autoridades civiles.

Los principales abusos contra los derechos humanos reportados durante el año incluyeron condiciones de sobrepoblación en las cárceles y casos de abusos a privados de libertad, la demora en el proceso judicial y la explotación sexual comercial de personas menores de edad.

Otros problemas reportados fueron la violencia doméstica contra las mujeres y personas menores de edad, la trata de personas, la discriminación por orientación sexual y el trabajo infantil.

El gobierno tomó medidas para llevar a los tribunales a los funcionarios responsables de cometer abusos de derechos humanos.

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, que incluye no someterla a:

a.  Privación de la vida de manera arbitraria o ilícita

Hubo un informe de que el gobierno o sus representantes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos.  El 22de mayo, autoridades penitenciarias encontraron muerto en su celda de máxima seguridad a un privado de libertad unos días después de un intento de fuga.  El informe de la autopsia demostró que el privado de libertad falleció a consecuencia de los múltiples golpes que recibió.  El 15 de junio, el Ministerio de Justicia suspendió del cargo a diez oficiales penitenciarios sospechosos por su posible vinculación con el homicidio.  El 17 de agosto, autoridades judiciales detuvieron a diez oficiales como sospechosos de la golpiza y muerte.  El 19 de agosto, un juez dictó prisión preventiva por tres meses contra cinco de los oficiales del centro penitenciario, así como medidas cautelares contra otro oficial sospechoso.  El 17 de noviembre, un juez prorrogó la prisión preventiva hasta febrero del 2012 contra los cinco sospechosos, mientras la investigación continuaba.

b.  Desapariciones

No hubo informes de desapariciones por razones políticas.

c.  Tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Aunque la constitución prohíbe tales prácticas y el gobierno, en general, respetó esta prohibición, hubo informes que de algunos funcionarios públicos cometieron abusos.  El gobierno investigó, interpuso acciones judiciales y sancionó a los oficiales responsables de casos confirmados de abuso.  Dos días antes de que un privado de libertad muriera en una celda de seguridad máxima (ver sección 1.a.), éste interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en     que denunciaba agresiones.  El 20 de mayo, el privado de libertad informó que él y otros reos fueron golpeados por custodios después de un intento de fuga ocurrido el 11 de mayo. La Sala no había dado trámite al recurso en el momento del homicidio el 22 de mayo. Los privados de libertad involucrados en el fallido intento de fuga denunciaron que fueron objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de los custodios después del incidente.  El homicidio ocurrió mientras las autoridades investigaban la supuesta colaboración de oficiales penitenciarios con los reclusos que intentaron escapar.

De enero a junio, la Defensoría de los Habitantes recibió 80 quejas por abuso de autoridad, detención arbitraria, tortura y tratos inhumanos o degradantes.  A finales de junio, 35 de estas quejas continuaban pendientes, y las otras habían sido resueltas o archivadas. 

Condiciones en los centros penales y unidades de admisión

La sobrepoblación, condiciones sanitarias deficientes, dificultades para un oportuno acceso a servicios de salud y violencia entre los privados de libertad continuaron siendo serios problemas en algunos centros penales.  Algunos centros penales no contaban con las condiciones adecuadas para el descanso, mientras los reclusos debían dormir en el piso sobre espumas deterioradas.  El limitado acceso a los servicios de salud constituyó una de las principales razones para reclamo por parte de los privados de libertad.  En los centros penales se consiguieron con facilidad drogas narcóticas ilícitas, y el abuso de esas sustancias fue común.  El personal administrativo y de seguridad fue insuficiente para atender la creciente población penitenciaria.

Se garantizó el acceso al agua potable en los centros penales.  Tanto el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como la Defensoría de los Habitantes informaron que entre agosto y setiembre autoridades penitenciarias instalaron purificadores de agua en la Reforma.

La sobrepoblación del sistema penitenciario siguió creciendo. La población carcelaria sobrepasaba la capacidad real del sistema penitenciario en un 27 por ciento en comparación con un 22 por ciento en el 2010.  El 30 de junio, la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia informó que la población bajo su supervisión era de 23.046 personas, de los cuales 11.543 privados de libertad se encontraban en centros penitenciarios institucionales, 1.122 personas en centros semi-institucionales, 9.835 personas en el programa de sanciones alternativas, y 555 menores en el nivel penal juvenil.  La Dirección de Adaptación Social también informó que la población femenina albergada al finalizar el año era de 765 privadas de libertad.  Las personas privadas de libertad, en general, se mantuvieron separadas por género y por nivel de seguridad (mínima, mediana y máxima).  La Defensoría de los Habitantes confirmó que la población privada de libertad masculina y femenina ubicada en centros penales tuvo acceso a las mismas condiciones. 

Los centros de atención institucional de San Sebastián, San Carlos, Cartago, Liberia, Perez Zeledón, Puntarenas, La Reforma, Gerardo Rodríguez, San Rafael y Buen Pastor continuaban con sobrepoblación al 30 de junio, con el mayor problema identificado en la población indiciada.  El centro de admisión de San Sebastián, donde la mayoría de los privados de libertad descontaron prisión preventiva, tenía bajo supervisión una población de 998 privados de libertad en una instalación física con problemas sanitarios, aunque solo disponía de espacio para alojar a 632 privados de libertad.  A fin de mejorar estas condiciones, algunos indiciados fueron ubicados en las instalaciones de los centros de atención institucional para personas sentenciadas que están distribuidos en todo el país.

Las personas privadas de libertad tuvieron acceso razonable a las visitas y se les respetó su libertad de culto.  Las autoridades permitieron a los reclusos y detenidos presentar quejas, sin censura, ante las autoridades penitenciarias y solicitar investigaciones por denuncias creíbles de condiciones inhumanas.  En caso de que no se le diera trámite a tales denuncias, los reclusos pudieron remitirlas a la Defensoría de los Habitantes.  La Defensoría realizó investigaciones preliminares de todas las quejas y refirió los casos graves de abuso al Ministerio Público.  La Defensoría de los Habitantes, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, inspeccionó en forma periódica todos los centros penitenciarios.

El gobierno permitió el monitoreo independiente de las condiciones en los centros penales por parte de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales, que incluyeron a representantes de la Defensoría de los Habitantes.  Se permitió a los observadores de derechos humanos hablar en privado con los reclusos y oficiales penitenciarios, sin la presencia de las instancias administrativas penitenciarias o de terceras personas.

El Ministerio de Justicia estaba construyendo nuevos módulos en los centros penales de San Carlos, Puntarenas, Liberia y Perez Zeledón a fin de ampliar 1.014 nuevos espacios carcelarios, así como en la etapa de ejecución del Sistema de Información de la Administración Penitenciaria (SIAP), que es un registro que permite mantener información actualizada de los privados de libertad.  En el 2010 el ministerio realizó mejoras en el programa de manejo de sanciones por delitos menores mediante lineamientos establecidos para  la ejecución de sentencias.

d.  Arresto o detención arbitraria

La constitución prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, y el gobierno, en general, respetó estas prohibiciones.

Función de la policía y cuerpos de seguridad

El país no tiene ejército. Las autoridades civiles mantuvieron control eficaz de los trece cuerpos policiales adscritos a instituciones públicas, entre los que se incluyen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del Poder Judicial.  El Ministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas.  La Policía de Tránsito está adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y la Policía Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia.  El gobierno posee mecanismos para investigar y castigar el abuso y la corrupción.  No hubo informes de impunidad que involucraran a las fuerzas de policía.

Procedimiento de arresto y trato recibido durante la detención

La ley exige que se expidan órdenes judiciales antes de efectuar detenciones, excepto cuando exista una causa probable y evidente para el oficial que realiza el arresto.  La ley concede a los detenidos el derecho a una resolución judicial sobre la legalidad de la detención, durante la lectura de cargos ante un juez, dentro de las siguientes 24 horas posteriores al arresto.  La ley otorga el derecho a la fianza y el pronto acceso a un defensor y contacto con los familiares.  Las autoridades, por lo general, respetaron dichos derechos en la práctica.  A los que no pueden pagar servicios de representación legal se les provee de un defensor público costeado por el Estado.  Aún aquellos con suficientes recursos económicos personales pueden optar por un defensor público. Con autorización judicial, las autoridades pueden incomunicar a los sospechosos por 48 horas después del arresto o, en circunstancias especiales, hasta por 10 días.  Entre esas circunstancias especiales se encuentran casos en los que previamente se haya dispuesto la prisión preventiva y que existan motivos para estimar que los imputados se pondrán de acuerdo con sus cómplices u obstaculizarán de otro modo la investigación.  Los imputados tienen derecho a comunicarse con su defensor inmediatamente antes de rendir declaración.  Las autoridades informan, con prontitud, a los detenidos de los cargos que se están investigando.

Prisión preventiva: Un juzgado penal puede mantener a un sospechoso en prisión preventiva  por un plazo ordinario de doce meses, y el tribunal de apelación de sentencia puede prorrogar el plazo ordinario hasta por un año más en causas especialmente complejas.  La ley establece que un tribunal revise los casos de los indiciados cada tres meses para determinar si la prisión preventiva es procedente.  Según se estipula en la ley, si un juez declara un caso como de delincuencia organizada, se aplica un procedimiento especial que establece que el plazo ordinario de prisión preventiva será hasta de veinticuatro meses (el plazo originario de la prisión preventiva podrá ser prorrogado por el tribunal de casación penal, hasta por doce meses más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga); el plazo de prescripción de la acción penal es de diez años contados a partir de la comisión del último delito.  La Defensoría de los Habitantes informó que la prisión preventiva en los últimos años, lejos de guardar su carácter excepcional, ha sido empleada tan frecuentemente que una gran cantidad de las personas que se encuentran en prisión están en condición de indiciadas.  Según el Ministerio de Justicia, al 30 de junio se contabilizaron 2.945 personas en prisión preventiva, lo que representaba el 13 por ciento de la población penitenciaria.  En algunos casos las demoras se atribuyeron a investigaciones criminales pendientes; en otros casos se debieron al rezago de trabajo en los tribunales.  Según datos del departamento de estadística del Poder Judicial, entre el 1 de abril y el 30 de junio,  el número de personas encarceladas sin sentencia en los despachos judiciales alcanzó 1.221, de los cuales el 56 por ciento tenían hasta tres meses de estar encarceladas, el 36 por ciento estaba compuesto por personas detenidas sin sentencia que tenían más de tres meses y hasta seis meses en prisión, y el 8 por ciento tenían más de nueve meses a dos años en esa condición.  Al 30 de junio, la cifra de individuos detenidos con sentencia por parte de los tribunales penales y que aún no han sido puestos a la orden de las autoridades penitenciarias llegaba a 529.  En estos casos, las demoras se atribuyeron, con mayor frecuencia, a la espera del resultado de casación o a la espera de la firmeza de sentencia.

Indulto: El 17 de agosto, la presidente concedió indulto a una mujer privada de libertad.

e.  La violación al derecho de un juicio justo

La constitución establece que el Poder Judicial es independiente y, en general, el gobierno respetó esa disposición de independencia de poderes en la práctica.  El sistema judicial enfrentó muchos retos que incluyeron demoras significativas en la resolución de conflictos en materia civil y el aumento en la cantidad de casos nuevos.  En el 2010, aproximadamente ingresaron 235.000 denuncias penales en el sistema judicial, de las cuales el 4 por ciento (9.835 causas) se elevaron a juicio, resultando en un 61 por ciento de sentencias condenatorias.  Muchas causas no se elevaron a juicio porque no había pruebas suficientes.

Además, se generaron críticas a las decisiones de jueces que pudieron verse influenciadas por intimidación o que aceptaran pagos por tomar decisiones que favorecieran a imputados.  La Corte Suprema investigó y no encontró ningún caso de corrupción, pero en algunos casos se evidenciaron errores procesales.  El tribunal de inspección judicial investigó a una jueza que concedió el beneficio de arresto domiciliario a dos extranjeros sospechosos de tráfico de drogas, en lugar de mantenerlos en prisión preventiva en celdas de máxima seguridad en un centro penitenciario.  En julio el tribunal de inspección judicial encontró un grave error en la resolución de la jueza y refirió el caso a la Corte Suprema para que determinara posibles sanciones.  El 14 de noviembre, la Corte Plena decidió suspender a la jueza en el ejercicio de su cargo por un mes.

Procedimientos de juicio ordinario

La constitución y la ley garantizan el derecho a un juicio justo, y en general, el Poder Judicial, que es independiente, hizo cumplir ese derecho.
Todos los juicios penales contra adultos son públicos, excepto aquellos que se llevan a cabo conforme a la Ley Penal Juvenil son privados para la protección del menor de edad imputado.  No se realizan juicios con jurado.  Un sólo juez o un panel de tres jueces presiden un juicio, dependiendo de las posibles penas que puedan surgir de las acusaciones.  Las sesiones que involucran a víctimas o testigos menores de edad se declaran privadas y se cierran al público durante el lapso en que los menores dan su declaración.  Los imputados tienen derecho a estar presentes durante el juicio y consultar con un abogado oportunamente.  Las víctimas pueden solicitar arreglos especiales durante las sesiones para evitar ver a los imputados.  Los imputados pueden optar por abogados que los representen y, en casos que involucren personas que no pueden pagar servicios legales, por ley pueden acceder a defensores públicos costeados por el Estado.  La ley establece que los detenidos y los defensores tienen acceso a las pruebas que se hallen en manos del Estado, y los acusados pueden interrogar a los testigos de la otra parte y presentar testigos a su favor durante el debate.  Los imputados disfrutan de la presunción de inocencia, y si reciben una sentencia condenatoria, tienen derecho a apelar la sentencia.  La legislación garantiza esos derechos a los ciudadanos y a los extranjeros por igual.  Los tribunales penales de flagrancia, que procesan personas detenidas en el momento en que ocurren los delitos, proporcionan la misma protección y los mismos derechos que otros tribunales.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos o detenidos políticos.

Resoluciones de tribunales regionales de derechos humanos

Después de vencer la prórroga de un año para atender las recomendaciones de eliminar la prohibición existente al procedimiento de la fecundación in vitro, en agosto la comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el país no atendió las recomendaciones de legislar sobre este tema y decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Justicia para elevarlo a juicio y enfrentar posibles sanciones.  En su informe de fondo, la Comisión consideró que la prohibición constituyó una “injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia”.

Proceso civil e indemnización por daños

El poder judicial es independiente e imparcial en materia civil y en él se pueden entablar demandas, incluidas las relativas a la violación de derechos humanos.  Se puede exigir la reparación de daños y perjuicios por vía de indemnización administrativa y judicial. 

f.  Interferencia arbitraria en la privacidad, familia, hogar o correspondencia

La Constitución prohíbe tales acciones y el gobierno, en general, respetó estas prohibiciones en la práctica (véase la sección 1.e., Resoluciones de tribunales regionales de derechos humanos).

Sección 2. Respeto por las libertades civiles, tales como:

a.  Libertad de expresión y prensa

Estado de la libertad de expresión y prensa

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno, en general, respetó estos derechos en la práctica.  Una prensa independiente, un poder judicial eficaz, y un sistema político democrático funcional se combinaron para asegurar la libertad de expresión y prensa.

Libertad de Prensa: Los periodistas y los dueños de los medios de comunicación continuaron con las críticas a la legislación que impone sanciones penales, que incluyen largas penas de prisión en lugar de multas por simples contravenciones de prensa, y argumentaron que dicha normativa promovió la autocensura.

Censura o restricciones en contenidos: El 27 de junio, la oficina de control de propaganda ordenó a una estación de radio católica suspender una campaña publicitaria que utilizaba la voz de una menor para alertar acerca de los supuestos peligros de la fertilización in vitro.

Libertad de uso de Internet

El gobierno no impuso restricciones al acceso a Internet ni hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara el correo electrónico o los foros en Internet.  Los individuos y las agrupaciones pudieron expresar sus puntos de vista mediante  Internet, incluso a través del correo electrónico.

Libertad académica y actividades culturales

No hubo restricciones del gobierno a la libertad académica o actividades culturales.

b.  Libertad de reunión y de asociación pacífica

La Constitución establece el derecho a la libertad de reunión y de asociación, y el gobierno, en general, respetó estos derechos en la práctica.

c.  Libertad religiosa

Refiérase al Informe del Departamento de Estado sobre Libertad Religiosa Internacional en www.state.gov/j/drl/irf/rpt.0

d.  Libertad de movimiento, personas desplazadas internamente, protección a  las personas refugiadas y apátridas

La Constitución y las leyes establecen los derechos de libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno, en general, respetó estos derechos en la práctica.  El gobierno cooperó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones humanitarias en la prestación de servicios de protección y ayuda a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés.

Protección a las personas refugiadas

Acceso a la condición de refugiado: La legislación contempla el estatuto de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a la población refugiada.  La ley de migración que entró a regir en el 2010 creó una unidad dentro de la Dirección General de Migración, para atender de manera específica los problemas de las personas refugiadas.  La ley creó una comisión encargada de conceder la condición de refugiado y un tribunal administrativo migratorio que revise los recursos de apelación.  La comisión inició labores en el 2010, sin embargo el tribunal se constituyó hasta el 16 de mayo.

Según una organización no gubernamental (ONG) local que implementa programas de ACNUR, aproximadamente 56 solicitantes de asilo extra-regionales llegaron al país durante el año.  Entre 15 y 20 decidieron permanecer en el país.

Según datos del ACNUR hasta el 30 de setiembre, se habían presentado 725 solicitudes de condición de refugiado incluidas 54 solicitudes de personas extra-regionales.  De enero a setiembre, se aprobaron 181 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.  Muchos de estos solicitantes no se presentaron en la Dirección de Migración para continuar con el proceso de solicitud de la condición de refugiado. El gobierno y el ACNUR reportaron que la mayoría de estos individuos simplemente usaron la solicitud de refugio como un medio para obtener un documento que les permitiera cruzar el país en ruta hacia los Estados Unidos.

Protección temporal: Como la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado es baja (aproximadamente un 25 por ciento), el ACNUR debió considerar el creciente número de denegatorias como personas de interés necesitadas de protección internacional.  Funcionarios del ACNUR estimaron que anualmente había entre 400 y 500 personas de interés cuyos casos se revisaron para establecer si requerían de protección internacional.    

Personas apátridas

Se dieron problemas aislados de personas apátridas en las zonas fronterizas con Panamá y Nicaragua.  Miembros de la etnia indígena panameña Ngöbe-Buglé se desplazaron a trabajar en plantaciones costarricenses, y en algunas ocasiones sus niños nacieron en las plantaciones.  En estos casos, a los niños no se les registró como ciudadanos costarricenses porque las familias no consideraron necesario inscribir el nacimiento, pero al regresar a Panamá el grupo familiar tampoco los inscribió allí.   Un problema semejante ocurrió con familias nicaragüenses que emigraron para trabajar en plantaciones de café.  El gobierno intentó recomendar a la población inmigrante inscribir a los niños nacidos en el país (véase la sección 6).  Hasta el 15 de diciembre, las autoridades migratorias no reportaban nuevos casos de personas apátridas en el año.

Sección 3. El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La Constitución otorga a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno en forma pacífica y, en la práctica, los ciudadanos ejercieron ese derecho a través de elecciones periódicas, libres y justas realizadas sobre la base del sufragio universal.
El Tribunal Supremo de Elecciones, un órgano independiente, garantizó la integridad de las elecciones, y las autoridades y los ciudadanos respetaron los resultados de las elecciones.  

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: En las elecciones nacionales llevadas a cabo en febrero del 2010, Laura Chinchilla Miranda del partido PLN ganó la presidencia y se convirtió en la primera mujer electa presidente del país en elecciones que, en general, se consideraron libres y justas.  La misión de la Organización de Estados Americanos que observó la elección alabó el clima pacífico y democrático en que el evento electoral se desarrolló.

Participación de las mujeres y las minorías: Las mujeres estuvieron representadas con un grado de visibilidad en el gobierno, no así las personas indígenas y afrodescendientes que constituían aproximadamente un 4 por ciento de la población (censo del 2000).  El código electoral establece el principio de paridad, que requiere que un mínimo del 50 por ciento de los candidatos para puestos de elección popular sean mujeres y que las nóminas de elección utilicen el mecanismo de alternancia por género, mujer-hombre u hombre-mujer.  Siete de los veintidós miembros del gabinete eran mujeres.  Veintidós mujeres ocuparon cargos en la Asamblea Legislativa, que está conformada por 57 miembros que incluyen a la Vicepresidenta de la Asamblea y nueve presidentas de comisiones legislativas.  La Vicepresidenta de la Corte Suprema, la presidenta del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y la presidenta de la Sala Constitucional eran mujeres.  La población indígena no desempeñó un papel significativo en la política o en el gobierno.  Legisladores de origen indígena o afrodescendiente no formaron parte de la Asamblea Legislativa o el gabinete.  El jerarca de una institución estatal autónoma era afrodescendiente.

Sección 4. Corrupción en la función pública y transparencia en el gobierno

Por ley se establecen sanciones penales para la corrupción en la función pública, y el gobierno, en general, hizo cumplir esa legislación aunque se presentaron casos de corrupción durante el año.

El 27 de abril, un tribunal penal condenó a cinco años de prisión al expresidente Miguel Ángel Rodríguez por el delito de instigador de corrupción agravada, y a 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.  El 10 de agosto, un tribunal sentenció a un expresidente ejecutivo de una institución autónoma a un año y tres meses de prisión por utilizar un helicóptero pagado por la institución para provecho propio, y lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante un lapso de tres años.

El 15 de noviembre, La Corte Suprema decidió abrir una investigación a un magistrado suplente vinculado con una fuga de información en un juicio.  El magistrado suplente renunció a su cargo después de que informaciones periodísticas revelaran la posible filtración de información.

El Ministerio Público investigó reportes, procedentes de fuentes confiables, sobre posibles actos de corrupción en al menos 10 municipalidades.  El Ministerio de Seguridad Pública suspendió a más de 1.000 oficiales de policía en 15 meses (la fuerza pública tiene aproximadamente 12.000 oficiales).  La mayoría de las suspensiones ocurrieron mientras los oficiales estaban siendo investigados por mal uso de recursos, abuso de autoridad y violencia doméstica.  Oficiales de policía fueron detenidos y descontaron prisión preventiva al estar involucrados en tráfico de drogas u otra actividad delictiva en varios casos notorios.  A pesar de las medidas tomadas para investigar y combatir la corrupción, hubo una percepción pública generalizada de que la corrupción continuó siendo un problema entre la policía uniformada.

Los funcionarios públicos están sujetos a la aplicación de leyes que obligan a aquellos que ocupen altos cargos en la administración pública a presentar declaración jurada de rentas, bienes y derechos y obligaciones que constituyan patrimonio.  La Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes son las entidades responsables de combatir la corrupción gubernamental.  

La ley establece el derecho de acceso de los ciudadanos nacionales y extranjeros a la información pública gubernamental, y el gobierno, en general, respetó ese derecho, que incluye a la prensa extranjera.  Las instituciones gubernamentales publicaron informes que detallaron sus actividades durante el año.  La Defensoría de los Habitantes operó un portal en Internet dedicado a mejorar la transparencia, que facilita el acceso de los ciudadanos a la información pública.  

Sección 5. La actitud del gobierno con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones a los derechos humanos

Varios grupos de derechos humanos nacionales e internacionales operaron, en general, sin restricciones gubernamentales al realizar investigaciones y publicaciones de sus conclusiones en casos de derechos humanos.  Los funcionarios de gobierno se mostraron dispuestos a cooperar y receptivos a sus puntos de vista.

La ONU y Otros Organismos Internacionales: El gobierno cooperó con las visitas de representantes de la ONU y de otras organizaciones internacionales con respecto a la investigación sobre abusos y monitoreo de problemas de derechos humanos.  En abril el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en asuntos indígenas visitó el país para tratar la situación de los pueblos indígenas.

Instituciones gubernamentales de derechos humanos: La Defensoría de los Habitantes vela para se tomen acciones en el sector público, o que se prevenga la inacción, que tengan un impacto en los derechos e intereses de los ciudadanos.  El Defensor o Defensora de los Habitantes está adscrito a la Asamblea Legislativa, y es nombrado(a) en su cargo por cuatro años y recibe financiamiento de la Asamblea para la operación de sus oficinas.  El Defensor de los Habitantes juega un papel activo en la redacción de las leyes y en el proceso legislativo, promueve la buena administración y la transparencia, y presenta un informe anual a la Asamblea con recomendaciones no vinculantes.  La Defensoría tiene un gran peso moral y simbólico en el país.  Una comisión especial en la Asamblea Legislativa estudia y presenta informes sobre temas relacionados a la violación de derechos humanos y dictamina los proyectos de ley en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas


La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma o clase social y el gobierno, en general, veló de manera eficiente por el cumplimiento de estas prohibiciones.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley penaliza la violación sexual  e impone penas de prisión de 10 a 18 años por ese delito.  La sentencia condenatoria dependerá de la edad de la víctima y otros factores tales como el uso de la violencia por parte del atacante o si se prevalece de su relación de poder sobre la víctima.  El Poder Judicial, de manera eficiente, hizo cumplir la ley que penaliza el delito de violación y siguió el debido proceso para la víctima y el imputado.  Sin embargo, la violación fue poco denunciada por miedo a las consecuencias, fomento de más violencia y el estigma social.  De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la figura penal de la violación aplica de la misma manera en el caso de una violación ocurrida dentro del matrimonio, aunque muchas veces estos casos son más difíciles de probar.  La recolección de evidencia forense física en todos los casos de violación constituyó un reto.  Solo había un lugar en el país que disponía de kits de recolección de evidencia física la cual puede ser usada en un proceso penal.  La distancia que las mujeres debían de recorrer para hacer uso de este recurso era prohibitiva para algunas de ellas.  Según la Sección de Estadística del Poder Judicial, durante el 2010 se reportaron 1.744 casos de violación; en última instancia, los tribunales de justicia dictaron 329 sentencias por violación, 21 sentencias por intento de violación y 49 sentencias por violación agravada en ese año, y 172, 12 y 31 imputados, respectivamente, recibieron sentencias condenatorias por esos delitos.  

El gobierno continuó identificando la violencia doméstica contra las mujeres y los niños como un problema social grave que siguió creciendo.  La ley prohíbe la violencia doméstica y establece medidas de protección para las víctimas de la violencia intrafamiliar.  Estos delitos se castigan con penas de prisión que van de 10 a 100 días por amenazas agravadas, hasta 35 años por homicidio agravado, incluyendo penas de 20 a 35 años de prisión a los individuos que den muerte a sus parejas.  Si un ofensor por violencia doméstica no tiene antecedentes penales y si la sanción que se le impone es menor de tres años de prisión, la ley también establece penas alternativas, tales como la detención de fin de semana y atención que incluye referencias a programas sociales y de rehabilitación.

El INAMU brindó servicios de atención a las mujeres y a sus hijos afectados por la violencia intrafamiliar por medio de la delegación de la mujer ubicada en San José y en otros tres centros de atención especializados y en albergues temporales.  El INAMU dio protección a 150 mujeres entre enero y junio, pero informó que hasta el 15 de mayo nueve mujeres y niñas habían muerto en incidentes de violencia doméstica.  Lo anterior representó un aumento con respecto a las siete muertes reportadas durante el período de enero a mayo del 2010.  El INAMU mantuvo una línea telefónica de emergencia conectada con el 911 para la denuncia de la violencia intrafamiliar y había proporcionado orientación a 3.406 mujeres al finalizar junio.  En el 2010 según datos de la Sección de Estadística del Poder Judicial, las autoridades recibieron 12.510 denuncias de violencia doméstica en todo el país.  Se dictaron un total de 393 sentencias y 196 personas recibieron sentencias condenatorias por delitos de violencia contra las mujeres.

El Ministerio Público, la policía y la Defensoría mantuvieron oficinas dedicadas a problemas de violencia doméstica.  Durante el año el INAMU desarrolló 12 talleres de capacitación dirigidos a funcionarios públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.  El INAMU junto con la Presidencia de la República se unió a la campaña de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres.  En noviembre INAMU hizo el lanzamiento de una campaña en radio y televisión que educa a la sociedad civil sobre la igualdad de derechos de las mujeres.

Hostigamiento sexual: La ley prohíbe el hostigamiento sexual en lugares de trabajo e instituciones educativas, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en general, hizo cumplir esta prohibición.  La ley impone sanciones que van desde una amonestación escrita hasta el despido, y para casos de incidentes más graves se puede acudir a la vía penal.  

Derechos reproductivos: Las personas tienen derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos seguros en hospitales públicos y centros de atención integral de salud, así como el derecho a recibir atención médica durante el embarazo y el parto.  En el 2010, aproximadamente el 91 por ciento de las mujeres recibieron atención profesional en las zonas rurales; en general, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, un 99 por ciento de los nacimientos fueron atendidos por profesionales de la salud.   

El sistema de salud pública desempeña un importante papel en el acceso de las mujeres a la anticoncepción, incluyendo el acceso a la esterilización.  La falta de acceso de las mujeres a la fertilización in vitro continuó siendo un tema en discusión (véase la sección 1.e.).  Tanto en los hospitales públicos como en los centros de salud privados, el derecho a obtener y utilizar los métodos anticonceptivos se extiende a todos los miembros de la población.  Los pacientes que cotizan al sistema de salud pública reciben anticonceptivos sin costo adicional, y un 72 por ciento de las mujeres entre los 15 y 49 años usan un método anticonceptivo moderno.  

Discriminación:   La legislación garantiza a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.  Por ley se prohíbe la discriminación contra las mujeres, y el gobierno está en la obligación de promover la igualdad política, económica, social y cultural.  El gobierno mantuvo oficinas para asuntos de género en la mayoría de los ministerios e instituciones autónomas.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue el encargado de investigar las acusaciones por discriminación de género.  El INAMU impulsó programas que promovieron la igualdad de género y divulgó los derechos de la mujer.  En el 2010,  el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que las mujeres representaban el 43,5 por ciento de la fuerza laboral.  Por ley se establece que las mujeres y los hombres deben recibir igual pago por el mismo tipo de trabajo; en el 2010 el INEC estimó que la brecha salarial entre hombres y mujeres fue de un 91,3 por ciento.

Menores de edad

Registro de nacimiento: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el territorio del país o si el padre o madre es costarricense nacido en el territorio.  Se dieron problemas ocasionales en el registro de nacimiento de hijos menores de padres inmigrantes (véase la sección 2.d.).

Abuso de menores: El abuso de menores constituía un problema creciente.  En el 2010 la Sección de Estadística del Poder Judicial registró 607 casos de abusos sexuales contra personas menores de edad y 4 casos de tentativa de abuso, así como 322 imputados y otros dos imputados fueron sentenciados por esos delitos, respectivamente.  Además, 23 casos involucraron relaciones sexuales con persona menor de edad, 12 casos de relaciones sexuales remuneradas con menores de edad, y seis casos por corrupción de menores.  De enero a noviembre, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dio asistencia a 30.640 niños y adolescentes, incluyendo 2.922 casos de abuso físico, 595 casos de abuso sexual intrafamiliar, y 406 casos de abuso sexual extrafamiliar.  Las actitudes tradicionales y la tendencia a tratar las ofensas sexuales y sicológicas como delitos menores, en ocasiones obstaculizaron el enjuiciamiento de los presuntos autores de delitos cometidos contra menores de edad.  En mayo el Hospital Nacional de Niños lanzó una campaña contra el maltrato infantil para llamar la atención por el aumento en el número de casos reportados en el país.

Explotación sexual de menores: La mayoría de edad o edad de consentimiento se alcanza a los 18 años.  La ley penaliza la explotación sexual comercial de personas menores de edad y establece sanciones de hasta 18 años en prisión.  La ley penaliza el estupro e impone penas de prisión que van de dos a 10 años, y de tres a ocho años para el delito de pornografía infantil.  Las penas son mayores si median agravantes: como por ejemplo, las penan van de 10 a 16 años en prisión en el delito de violación si se usa la violencia corporal o intimidación o si la víctima es menor de trece años. El gobierno, los oficiales de seguridad y las organizaciones de apoyo y protección de la niñez reconocieron que la explotación sexual comercial de personas menores constituía un grave problema.  De enero a noviembre, en el PANI se atendieron 67 casos de explotación sexual comercial de menores.  El gobierno también identificó el turismo sexual con menores como un serio problema.  

Sustracción internacional de menores: El país es Estado Parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores.  Para información véase el Informe anual del Departamento de Estado sobre cumplimiento que está disponible en http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html.

Antisemitismo

Según el Centro Israelita Sionista, el número aproximado de judíos en el país se mantuvo en 3.000.  Se reportó un caso aislado de grafiti antisemita en un puente en la carretera que conecta San Jose con Puntarenas.

Trata de personas
 
Véase el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado que se encuentra disponible en www.state.gov/j/tip.

Personas con discapacidad

La constitución prohíbe la discriminación en contra de las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y mental, en el empleo, la educación, el acceso a cuidados médicos o en el suministro de otros servicios públicos.  No hubo informes de prácticas discriminatorias en la educación o en la prestación de servicios estatales.  La Defensoría de los Habitantes informó que aunque se dieron esfuerzos institucionales por mejorar la atención de esta población, se trató de acciones aisladas que dificultaron la coordinación interinstitucional e impidieron la articulación de estrategias para garantizar, de manera integral, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.  La Defensoría reportó dificultades en el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Aunque la ley establece el acceso a los edificios para las personas con discapacidad, el gobierno no hizo cumplir esta disposición en la práctica y muchas instalaciones siguieron siendo inaccesibles para la población con discapacidad.  Durante el 2010, la Defensoría de los Habitantes recibió una serie de quejas por falta de acceso en el transporte público, incluyendo el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad o malfuncionamiento de los ascensores para sillas de ruedas en el transporte público.

Un partido político, Accesibilidad sin Exclusión, que representa los intereses de las personas con discapacidad, obtuvo cuatro escaños en la Asamblea Legislativa.  

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La mayor concentración de ciudadanos afro-descendientes (74 por ciento según el censo del 2000) estaba en la provincia atlántica de Limón, una de las áreas menos desarrolladas del país.  En 2010 el INEC reportó que un 24 por ciento de los habitantes en la región atlántica vivía en la pobreza.  La región de Limón tuvo una de las tasas más altas de desempleo (8 por ciento en el 2010) y criminalidad (23 por ciento de los homicidios de enero hasta mayo).  En febrero el Ministerio de Seguridad declaró la provincia de Limón como una prioridad en sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.  El gobierno trató de implementar el proyecto Limón Ciudad Puerto, un programa de desarrollo financiado por el Banco Mundial y el gobierno; sin embargo, hubo numerosas quejas públicas de que el proyecto no había producido resultados.  Durante el año las autoridades iniciaron el proceso de compras; cinco de las 12 instituciones involucradas en el proyecto iniciaron los procesos de contratación de servicios e implementación de obras públicas.  La fecha programada de terminación es en junio del 2014.

Se dieron informes esporádicos de discriminación, que incluyeron discriminación laboral, en general dirigida contra nicaragüenses.  La Dirección de Migración lanzó una campaña de concientización que destacaba las contribuciones de los inmigrantes viviendo en el país.

Población indígena

Durante el 2010 la Defensoría de los Habitantes recibió quejas relacionadas con la deficiente infraestructura vial y la falta de puentes en los territorios indígenas, falta de acceso a los servicios públicos y al transporte público, problemas con el uso y posesión de terrenos, y dificultades para impartir educación.  La Defensoría de los Habitantes informó que el gobierno excluyó a las personas indígenas de procesos de toma de decisiones sobre asuntos como educación, infraestructura, vivienda y servicios públicos.  Los indígenas de las comunidades de Térraba, Curré y Boruca externaron su preocupación por el eventual desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, el cual tendría impactos socioculturales y ambientales en sus territorios.  La Defensoría continuó monitoreando el proyecto y su impacto sobre las comunidades indígenas.

Instituciones de gobierno, que incluyen los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección de General de Migración y Extranjería, y el Registro Civil, coordinaron acciones durante el año para atender a la población Ngöbe-Buglé que migró a zonas rurales a trabajar en plantaciones durante la cosecha del café.  El gobierno continuó con los esfuerzos de implementación de los objetivos que surgieron de reuniones con las contrapartes panameñas, trabajando en temas tales como el acceso a los servicios de salud y educación, reconocimiento mutuo de documentos de identificación y la concientización sobre el empleo y leyes laborales.

Abuso social, discriminación, y actos de violencia por orientación e identidad de género

No existían leyes que prohibieran la discriminación en contra de las personas por razón de su orientación sexual, y se dieron casos de discriminación en contra de personas por su orientación sexual, comprendidos desde el acceso al empleo hasta el acceso a los cuidados médicos.  Las organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT) operaron sin restricción y promovieron reformas legales.  
En junio un activista LGBT hizo público que enfrentó discriminación en su lugar de trabajo en una institución pública por razones de su orientación sexual.  En julio la Sala Constitucional dictó un fallo en contra del dueño de una sala de bingo por trato discriminatorio por su orientación sexual contra una pareja gay y ordenó a los empleados del lugar que se abstuvieran de conductas discriminatorias similares.  Al dueño se le ordenó pagar daños y perjuicios a los afectados.

Otras formas de discriminación o violencia social

La legislación y un decreto presidencial prohíben la discriminación motivada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH/Sida) en los servicios de salud, en el empleo y la educación.  Sin embargo, algunos individuos seropositivos reportaron que se les negó la cobertura de una póliza de gastos médicos basada en su condición VIH.  De enero a junio, la Defensoría de los Habitantes recibió cuatro quejas por discriminación a pacientes con VIH/Sida.  

Sección 7 Derechos laborales

a.  Derecho de asociación y el derecho a negociar colectivamente


La ley establece el derecho de los trabajadores a fundar y asociarse a sindicatos de su escogencia sin previa autorización, permite a las organizaciones sindicales realizar sus actividades sin interferencia del gobierno, garantiza el derecho de huelga, y protege el derecho de los trabajadores a organizarse y a celebrar negociaciones colectivas.  Sin embargo, limitaciones en el número mínimo de empleados (12) necesarios para constituir un sindicato puede haber obstaculizado la libertad de asociación en las pequeñas empresas.  La ley permite a los trabajadores extranjeros formar parte de sindicatos, pero no pueden ejercer cargos de autoridad dentro los sindicatos.  Durante el año la Sala Constitucional derogó el artículo del Código de Trabajo que exigía la participación de al menos el 60 por ciento de los trabajadores de una institución para que una huelga fuera legal.  La Sala no estableció el número mínimo de trabajadores necesarios para la legalidad de una huelga, pero si resolvió que corresponde a la Asamblea Legislativa establecer un porcentaje que no deberá superar el 50 por ciento.  Las restricciones al derecho de huelga de los trabajadores aplican únicamente para aquellos servicios señalados por el gobierno como servicios públicos esenciales, pero también incluye a sectores tales como las refinerías de petróleo y puertos, que según los estándares internacionales no son considerados como esenciales.  Por ley está prohibida la discriminación sindical y se establece la reinstalación de los trabajadores afectados por despidos antisindicales.

Por ley todos los patronos tienen la obligación de celebrar una convención colectiva con el respectivo sindicato si más de una tercera parte de la fuerza laboral así lo solicita, incluyendo trabajadores sindicalizados y no sindicalizados; sin embargo, la ley permite los arreglos directos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados, tanto en empresas sindicalizadas como no sindicalizadas.  La ley autoriza la formación de “asociaciones solidaristas”, que a menudo son organizadas por los patronos. La ley prohíbe a estas asociaciones representar a los trabajadores en negociaciones colectivas o asumir, en alguna otra forma, las funciones de los sindicatos o entorpecer la formación de éstos.  El 22 de julio, entró a regir una reforma constitucional que eleva a rango constitucional al solidarismo.  Aunque ésta no cambia el papel que fungen las asociaciones solidaristas o los requisitos para dichas asociaciones, sí les da una mayor certeza jurídica, ya que se requiere la aprobación de dos legislaturas consecutivas para una reforma constitucional. 

Aunque a los trabajadores del sector público se les permitió efectuar negociaciones colectivas, una resolución en el 2006 de la Corte Suprema resolvió que algunos beneficios recibidos por ciertos funcionarios públicos constituían un privilegio irrazonable y desproporcionado.  La Corte derogó algunas clausulas de convenciones colectivas del sector público vigentes, por lo tanto se restringió ese derecho en la práctica.  Sin embargo, según el Ministerio de Trabajo se ha verificado un avance jurisprudencial positivo en las convenciones colectivas entre trabajadores del sector público.  En el 2010, resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema (materia laboral) resaltaron la vigencia y la preponderancia de la convención colectiva en el sector público.  En enero, mediante un pronunciamiento, la Procuraduría General de la República ratificó el derecho que tienen los servidores públicos de negociar convenciones colectivas.

El gobierno, en general, hizo cumplir la legislación en la práctica.  El Ministerio de Trabajo recibió informes por supuestas prácticas laborales desleales o persecución sindical en empresas privadas e instituciones de gobierno que fueron referidas a instancias judiciales.  En mayo el Ministerio elaboró un protocolo de buenas prácticas de investigación para la inspección laboral que incluía un procedimiento para casos de reinstalación de quienes habían sido objeto de prácticas laborales lesivas del ejercicio de la libertad sindical.  Los casos de discriminación antisindical a menudo tardaron un lapso de tiempo bastante extenso para alcanzar un veredicto debido a numerosas apelaciones.  La Confederación Sindical Internacional destacó que los procesos de reinstalación de trabajadores despedidos injustamente tardaron en promedio tres años.  Se dieron avances en el mejoramiento de la eficiencia en los procesos judiciales, aunque no está claro el impacto directo que tuvo en casos laborales. 

Los trabajadores ejercieron el derecho a formar sindicatos, o a unirse a ellos, y el derecho de huelga sin interferencia del gobierno.  Los sindicatos observaron que la amplia definición de “servicios básicos” del gobierno les negó a muchos trabajadores el derecho a huelga.

En el sector privado, los “arreglos directos” entre empleadores y trabajadores no sindicalizados fueron más comunes que las convenciones colectivas.  En mayo, la OIT expresó su preocupación de que tales arreglos directos perjudicaban a los trabajadores porque no eran el resultado de negociaciones balanceadas entre dos Partes independientes equiparadas de manera adecuada.

Las organizaciones sindicales afirmaron que las asociaciones solidaristas celebraron negociaciones y que en algunos casos los empleadores ponían como condición para un empleo la afiliación a una asociación solidarista.  Las organizaciones sindicales sostuvieron que la existencia de asociaciones solidaristas de trabajadores en muchas empresas desplazó a los sindicatos y desincentivó la negociación colectiva.

Se continuó identificando una tendencia de empleadores que despedían a aquellos trabajadores que querían sindicalizarse.  Se recibieron informes de que algunos empleadores preferían usar horarios “flexibles” o contratos temporales, lo que hacía más difícil para los trabajadores organizarse y negociar en forma colectiva.  También hubo informes de trabajadores migrantes en labores agrícolas que con frecuencia fueron contratados mediante la modalidad del contrato temporal a través de intermediarios.  Estos trabajadores enfrentaron la discriminación sindical, retos para organizarse, y eran particularmente vulnerables a la explotación laboral.
La OIT indicó que no encontró grupos sindicales operando en zonas francas industriales (ZFI) e identificó en estas zonas un ambiente hostil para la organización sindical.  Los sindicatos afirmaron que debido a los esfuerzos de los trabajadores en estas zonas por organizarse, los dirigentes se enfrentaron a despidos injustificados, amenazas e intimidación, y alegaron que los empleadores de las zonas francas mantuvieron listas de los trabajadores identificados como dirigentes.

b.  Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio y distingue entre el trabajo forzado, que involucra prácticas esclavistas, y la explotación laboral, que se refiere una serie de prácticas laborales inaceptables pero menos atroces.  El gobierno no implementó las leyes de manera eficaz, y se dieron informes de que tales prácticas ocurrieron.  Hubo informes esporádicos de hombres, mujeres, y menores de edad en explotación laboral en el servicio doméstico, en ventas callejeras, así como en otros sectores.

El Organismo de Investigación Judicial identificó a seis aparentes víctimas en cuatro casos de explotación laboral durante el año, pero estos casos se desestimaron por falta de pruebas.  Sólo un caso se encontraba todavía en investigación en diciembre.  El gobierno proporcionó capacitación en el tema a inspectores laborales, funcionarios gubernamentales y trabajadores sociales.  El gobierno también organizó una campaña de concientización sobre la trata de personas dirigida a la ciudadanía; organizaciones internacionales y no gubernamentales auspiciaron esos esfuerzos.

Véase también el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas en www.state.gov/j/tip.

c.  Prohibición del trabajo infantil y la edad mínima para el empleo

El Código de la niñez y la adolescencia establece la edad mínima de acceso al empleo en 15 años sin excepción; la norma deroga implícitamente la edad mínima 12 años estipulada en el Código de Trabajo, el que no había sido reformado para reflejar este cambio.  Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años de edad pueden trabajar un máximo de seis horas diarias y treinta y seis horas semanales.  La ley prohíbe el trabajo nocturno y las horas de trabajo extraordinario en el caso de menores de edad.  La ley impide a aquellos menores de 18 años involucrarse en labores riesgosas o insalubres.

El gobierno, en general, hizo cumplir la legislación contra el trabajo infantil de manera eficiente en el sector formal de la economía, pero no así fuera de éste.  Durante el 2010 la Dirección de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo identificó 94 casos de trabajo infantil.  Durante ese mismo año, el Ministerio de Trabajo identificó a ocho menores de 15 años involucrados en trabajos peligrosos.  La Oficina de Atención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección Especial a la Persona Adolescente (OATIA) dio atención a 247 personas menores de edad trabajadoras y las refirió a instituciones gubernamentales a fin de ser incluidas en programas sociales.  El 25 de marzo, el gobierno publicó la lista comprensiva de trabajos peligrosos para adolescentes aprobada en el 2010.  La OATIA ejecutó un proyecto con un gobierno local para mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores adolescentes y para erradicar el trabajo infantil.  La OATIA, en colaboración con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, continuó con la implementación de un mapa de ruta para la erradicación del trabajo infantil, relacionado al plan estratégico que tiene como propósito alcanzar las metas establecidas por la Agenda Hemisférica de la OIT para la promoción del Trabajo Decente (2006-15).

El trabajo infantil constituyó un problema principalmente en la economía informal, y de manera especial en el sector agrícola, construcción, ventas y pequeña industria alimentaria.  Las peores formas de trabajo infantil ocurrieron en la agricultura, en pequeñas parcelas de terceros en el sector formal y en el sector informal en parcelas de economía familiar.  Las peores formas de trabajo infantil también se dieron en el sector servicios, tales como en construcción, pesca, ventas ambulantes y servicio doméstico.  En junio el INEC completó una encuesta sobre trabajo infantil, pero los resultados no estaban disponibles al finalizar el año.

Véase también el Informe del Departamento de Trabajo con las conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil en www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm.

d.  Condiciones laborales aceptables

El salario mínimo mensual para el sector privado osciló entre 135.000 colones (aproximadamente $270) para las servidoras domésticas y 498.000 colones ($997) para los graduados universitarios.  Según estadísticas del INEC del 2011, la línea de pobreza fue de 92.122 colones ($184) en áreas urbanas y 70.970 colones en áreas rurales ($140).  La constitución establece la jornada de trabajo,  las horas extraordinarias, los días de descanso y el derecho a vacaciones anuales.  Los trabajadores, en general, deberán trabajar un máximo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas a la semana.  El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados.  Todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas.  Aunque no existe una prohibición establecida por ley para la jornada extraordinaria obligatoria, el Código de Trabajo estipula que el día laboral no puede exceder las 12 horas.  

La Dirección de Inspección del Trabajo (DNI) del Ministerio de Trabajo fue la encargada de la labor de inspección en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.  Aunque las restricciones presupuestarias continuaron fueron un obstáculo en la capacidad de la DNI para llevar a cabo su labor de inspección, se realizaron 15.212 visitas inspectivas durante el año.  Según el Ministerio de Trabajo, las inspecciones se realizaron en respuesta a denuncias, por programación previa y aleatoriamente en regiones o en sectores ocupacionales específicos.  Los ministerios, en general, tramitaron las quejas de manera eficaz mediante el envío de equipos de inspección a investigar y coordinando las acciones de seguimiento.  Los inspectores de trabajo no están autorizados a imponer multas o sanciones a los empleadores que no cumplen con la normativa laboral,  sino más bien investigan y realizan el proceso de denuncia ante los tribunales de trabajo cuando se constatan infracciones a la normativa.  El procedimiento sancionatorio a empresas y para la restitución del pago de salarios y horas extraordinarias laboradas puede tardar varios años en su tramitación.

El Ministerio de Trabajo, en general, hizo cumplir los salarios mínimos de manera eficaz en el área de San José pero no así en áreas rurales, en particular en lugares donde se empleó a un mayor número de inmigrantes.  El salario mínimo nacional se aplicó a los trabajadores extranjeros.  El Ministerio de Trabajo reconoció públicamente que muchos trabajadores, incluidos trabajadores del sector formal, percibieron menos del salario mínimo.  El gobierno continuó desarrollando la campaña para el cumplimiento del pago de salarios mínimos que inició en el 2010.  En el período de agosto del 2010 a julio del 2011, el Ministerio de Trabajo realizó 9.135 visitas inspectivas a centros de trabajo a fin de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral sobre salarios mínimos.  El setenta y ocho por ciento de los establecimientos prevenidos corrigieron el incumplimiento de pago del salario mínimo después de la inspección.  El Ministerio de Trabajo continuó realizando acciones administrativas en contra de los empleadores que no cumplieron con las recomendaciones.

Aunque los Ministerios de Trabajo y Salud compartieron responsabilidades  en la elaboración y cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud ocupacional, no hicieron cumplir estas disposiciones de una forma eficaz en el sector formal e informal.  

Los sindicatos de trabajadores también informaron sobre violaciones sistemáticas a los derechos y normativa laboral con respecto a las condiciones laborales, el pago de la jornada extraordinaria y salarios en las industrias de zona franca.  Los sindicatos reportaron sobre violaciones al pago de la jornada laboral extraordinaria, tales como no recibir pago alguno o la obligatoriedad por la jornada laboral extraordinaria, que fueron comunes en el sector privado y de manera particular en las zonas francas.  Se dieron informes de que trabajadores agrícolas, en particular trabajadores extranjeros en la industria de la piña trabajaron en condiciones insalubres, que incluyeron ser expuestos a sustancias químicas sin capacitación adecuada.  El INS comunicó que se registraron 58.195 denuncias por accidentes o enfermedades laborales, y 39 trabajadores fallecidos durante el primer semestre del año.